El portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno Nacional “inicia la auditoría en todos los planes potenciar trabajo, que son más de un millón, para detectar irregularidades o planes asignados que no tengan justificación correcta”.

En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero señaló que, según investigaciones judiciales como la llevada adelante por el fiscal federal Guillermo Marijuan, llegarían ser 160 mil los casos en los que se registraron irregularidades de diversa índole.

“Saludamos la investigación del fiscal donde se acreditó la identidad de 8 mil personas que, además de cobrar el plan, tienen alguna relación laboral con alguno de los ministerios o dependencias (del Estado). Además de los 60 mil beneficiarios que tenían el plan de manera ilegítima porque habían tenido consumos que no coincidían con ser beneficiaros”, destacó.

En ese sentido, el funcionario comentó que esos “160 mil planes equivalen a 10 mil millones de pesos que los argentinos no tienen ni deben hacerse cargo”.

Adorni agregó que el objetivo de la iniciativa es “transparentar el sistema” y que los planes “dejen de significar un negocio para los intermediarios”.

Respecto de la actualización de los montos que reciben los beneficiarios, Adorni dijo que “están congelados” y que el foco está puesto en los más vulnerables.

Además, recordó el aumento fijado para la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar pero señaló que se “administran recursos escasos ante necesidades infinitas”.

La investigación del fiscal Marijuán

 Marijuán investiga supuesta defraudación en el otorgamiento de beneficios del programa Potenciar Trabajo y en relación a ello determinó que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, algo que es incompatible

El funcionario judicial había pedido información al respecto a todas las provincias y ciudad de Buenos Aires y en base a lo ya recibido se hizo un entrecruzamiento de datos y se determinó la irregularidad.

La fiscalía investiga posibles delitos de “violación de deberes” de funcionario público por omisión de controlar y “defraudación” y ya detectó 8535 casos.

Se trata de una investigación preliminar en el marco de la cual pidió que se suspenda o resuelva la baja del beneficio en los casos detectados y dio vista a las fiscalías federales de cada jurisdicción.

Marijuán ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini contra eventuales responsables de controlar la adjudicación de planes sociales.

Lo hizo luego de detectar que casi 160.000 beneficiarios de “Potenciar Trabajo” viajaron al exterior, muchos de ellos “en numerosas oportunidades”

El integrante del ministerio público pidió investigar “presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o contralor del Programa Potenciar Trabajo que, en principio, encuadran en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.