l presidente Javier Milei decidió este martes vetar de forma total la ley de emergencia para Bahía Blanca, que había sancionado el Congreso. Lo hizo a través del Decreto 424/2025, que firmó junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. La norma habilitaba fondos especiales dirigidos a la reconstrucción de esa ciudad bonaerense después de las inundaciones que ocurrieron en marzo de este año y subsidios para los afectados.
El proyecto de ley, que fue aprobado por Diputados y el Senado, incluía un fondo especial de $200.000.000.000, que debía constituirse en un plazo no mayor a 30 días, y que además dirigía partidas a la localidad de Coronel Rosales, impactada asimismo por las lluvias extraordinarias.
La iniciativa votada en el Congreso no cosechó rechazos en ninguna de las dos cámaras. En el Senado, donde se aprobó el 7 de mayo último, obtuvo 64 votos afirmativos, 0 negativos y hubo ocho ausencias. Fue un proyecto impulsado por la oposición. Entre los que votaron a favor, incluso, estaban los senadores libertarios. En Diputados, donde se había dado media sanción, la votación fue de 230 a favor y ningún rechazo. Hubo unanimidad, aunque para un proyecto diferente. Cuando tuvo que aprobarse la revisión de lo que había votado el Senado, la votación prosperó, aunque con otro resultado: 153 a favor y 32 en contra [en este caso, la mayoría son libertarios]. Hubo 71 ausentes.
La iniciativa vetada hoy por Milei otorgaba subsidios económicos para quienes perdieron su fuente de ingreso, preveía obras de infraestructura y, además, líneas de financiamiento a tasas preferenciales y con plazo de gracia para asistir a los damnificados por el fenómeno de tormentas de gran intensidad y precipitaciones de 290 milímetros en pocas horas.
Por su parte, el Gobierno expuso, en primer término, que resultaba de “imposible cumplimiento” atender a Coronel Rosales porque esa localidad no quedó dentro de los informes técnicos que realizaron organismos como el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Además, planteó que el Estado nacional ya intervino para morigerar y mitigar los daños en Bahía Blanca.
“El proyecto de ley sancionado no indica cuál ha de ser la fuente de financiamiento para hacer frente a las erogaciones que por medio de él se disponen, requisito necesario de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y sus modificatorias, que dispone que las leyes que autoricen gastos no previstos en el presupuesto general deben especificar las fuentes de los recursos que las financiarán“, expresaron desde la gestión de Milei, que utilizó este motivo como justificativo para los vetos anteriores que realizó en los incrementos jubilatorios y la ley de financiamiento universitario.
“Por medio del artículo 5° de la Ley Nº 24.629 se establece que toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos y que, en caso contrario, quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional“, remarcaron.
Dijeron asimismo que el Ejecutivo implementó un financiamiento para Bahía Blanca a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y que el Banco de la Nación ya tiene facultades para otorgar asistencia a las micro, pequeñas y medianas empresas.
En tanto, desde el Gobierno dijeron que sancionaron en su momento el Decreto N° 238/25 para la reconstrucción, “que torna innecesario un auxilio financiero como el que propone el proyecto de ley sancionado, en un marco de estrechez presupuestaria como el de la emergencia que se está transitando”. Así también, que el Ministerio de Seguridad -encargado de aplicar esa medida- ya está en la “etapa final” de ejecución de ese fondo especial que dispuso la Casa Rosada.
